10 Abr Columna de Opinión – Aldo Valle, Vicepresidente CRUCH y Rector UV: “Técnicos profesionales, una nueva exclusión”
‘Saldar la deuda con la educación técnico-profesional’ es lo que plantea el proyecto de ley que actualmente se encuentra en tramitación en el Senado, y que busca extender la gratuidad al séptimo decil para estudiantes que opten por carreras de este sector. El Ejecutivo propone que esta extensión sea válida a partir de 2020 para quienes cumplan los requisitos y se matriculen en centros de formación técnica (CFT) o institutos profesionales (IP). Para estudiantes que opten por carreras técnicas o profesionales sin licenciatura en universidades adscritas a la gratuidad, la política se haría efectiva en el año 2022.
¿Por qué estudiantes del séptimo decil que opten por carreras de la educación superior técnico-profesional durante dos años no tendrían gratuidad en las universidades adscritas? Sin duda, se trata de una exclusión injustificada. Una característica de la formación técnico-profesional en Chile es que la matrícula está altamente concentrada en pocas instituciones, todas privadas.
Por ello, resulta inaceptable que se restrinjan aún más las posibilidades para estudiantes que deseen optar por una formación técnica en instituciones públicas. También se debe tener presente que en varias regiones del país no existe oferta pública para la educación superior técnico-profesional; en la mayoría aún no se han implementado los Centros de Formación Técnica estatales. Con esta exclusión se desconoce que algunas universidades del Consejo de Rectores de las Universidades Chilenas (CRUCh) históricamente han estado ligadas a la formación técnica y que, en la actualidad, representan un porcentaje alto de la matrícula de carreras técnicas en sus regiones. Por ejemplo, en algunas zonas el 40% de esta matrícula se encuentra en universidades del CRUCh, lo que evidencia la relevancia de estas instituciones en la provisión de esta oferta.
En definitiva, este proyecto refleja el propósito de avanzar más rápidamente en la política pública de gratuidad para quienes cursen carreras técnicas o profesionales sin licenciaturas. Sin embargo, pospone el beneficio para quienes opten por estos programas en universidades. Consideramos que esto es inconsistente con los objetivos que la iniciativa declara tener. A nuestro juicio, cumplidos los requisitos de acceso a la gratuidad, la exclusión de las universidades es contraria al principio constitucional de igualdad de trato. Los estudiantes, se ha dicho, ‘no pueden ser discriminados en razón a la institución a la que pertenecen si estas cumplen con los requisitos que se piden para otras instituciones’.
10 abril, El Mercurio
