DECLARACIÓN PÚBLICA: Comunidades Científicas Regionales por Proyecto de Ley de Presupuesto 2022

DECLARACIÓN PÚBLICA: Comunidades Científicas Regionales por Proyecto de Ley de Presupuesto 2022

El bienestar social, económico y ambiental de Chile debe basarse en desarrollar sus recursos y potencialidades naturales y humanas, lo que demanda potenciar los esfuerzos en el ámbito de la ciencia, el conocimiento, la tecnología y la innovación. A ello, se suma la necesidad de abordar las transformaciones sociales, culturales y tecnológicas que vive nuestra sociedad y los desafíos de la crisis climática e hídrica que, altera nuestros ecosistemas afectando las necesidades básicas de muchas comunidades y las actividades productivas de la agricultura, pesca, minería, entre otras.

El quehacer científico del país se ha caracterizado históricamente por varias tendencias negativas, una es el bajo presupuesto asignado a las ciencias; otra la inequidad de género; y la concentración institucional y territorial de esos pocos recursos. En ese contexto, AUR presentó a las autoridades una Política de Estado de Descentralización del Quehacer Científico en Chile.

El proyecto de Ley de Presupuesto 2022 enviado recientemente por el Gobierno al Congreso trae malas noticias para el desarrollo científico nacional pues, mantiene las negativas tendencias a la baja sin evidenciar una efectiva voluntad de cambio ni cumplir compromisos de políticas públicas probadamente necesarias. En este escenario las comunidades científicas pertenecientes a las universidades de AUR declaramos:

1. En el resumen global por partidas, DIPRES reconoce una caída del 1.9%. Si bien, en algunos ítems se observa un aumento, ellos no logran atenuar la caída en otras fuentes de financiamiento. Los recursos de la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo (ANID) y otras partidas como Becas Chile, fondos para equipamiento y fortalecimiento de capacidades institucionales vuelven a la situación pre pandemia. Esto significa que, el presupuesto para CTCI como proporción se mantiene bajo el 0.4% del PIB, lejos del promedio de la OCDE que es de 2,4%. Todo lo anterior, en un año en que el aporte de la ciencia –derivado de la pandemia Covid 19- ha sido valorado por toda la sociedad.

2. El 60% del presupuesto de CTCI es asignado al MCTCI, el resto se reparte en 15 carteras diferentes, planteando el desafío de la articulación interinstitucional de programas y cautelar el mejor uso de los recursos. En los últimos años el Ministerio y ANID consideran el traspaso de programas desde otros organismos, los que no siempre van acompañados de los recursos, lo que perpetúa problemas de coordinación y de criterios que debieran subsanarse.

3. Preocupa el escaso avance hacia una efectiva descentralización del quehacer científico nacional. El proyecto de Presupuesto presentado, no revierte la histórica asignación de recursos que ha significado concentrar proyectos y recursos en Santiago, como se da en centros basales e institutos milenios, sub-valorando nuevamente las propuestas de las comunidades científicas regionales.

En ese objetivo, el Proyecto de Ley de Presupuesto 2022 debería revisar el papel de los Gobiernos Regionales en el financiamiento de proyectos de investigación de universidades. Si bien, ha aumentado el presupuesto para la inversión en regiones, es preocupante que los recursos destinados al Fondo de Innovación para la Competitividad Regional (FIC-R) siguen siendo los mismos al año 2021. El FIC-R representa sólo el 3% del total del presupuesto asignado a los Gobiernos Regionales. Este fondo es el único específicamente dirigido a promover la innovación, careciendo de otro que, en paralelo, apoye verdaderamente la ciencia regional.

4. El presupuesto 2022 no potencia la creación e innovación desde las universidades, tampoco se observan fondos para promover la creación de empresas de base tecnológica, formación y capacitación de la innovación y emprendimiento tecnológico a nivel de educación secundaria en conjunto con universidades y empresas. Hay ausencia de incentivos hacia la innovación tecnológica y social, inyección de fondos en laboratorios de pruebas de conceptos para transferir tecnologías a la sociedad. Todo ello limita la posibilidad de vincular la investigación con el desarrollo económico y social del país y alcanzar estándares de calidad de vida y sustentabilidad como los países de la OCDE.

5. El presupuesto tampoco sustenta el objetivo de potenciar el aporte de mujeres en el quehacer científico chileno; ni tampoco se hace cargo de que las señales recientes no muestran una reducción de las brechas. Esto se constata al revisar quienes dirigen los centros basales y de excelencia recién adjudicados o la priorización del índice h en las publicaciones. Esto no lleva a la interrogante ¿para qué colocar una exigencia de género en las bases para asignar proyectos y recursos, si finalmente prevalecen los mismos indicadores de antes que apuntan a la inequidad?
En este magro contexto las comunidades científicas regionales planteamos algunas propuestas a las autoridades de gobierno y Parlamento.

Uno, ANID debe promover la creación de nuevos programas dirigidos al desarrollo regional y a las problemáticas específicas que enfrentan las comunidades de las distintas macrozonas. En ellos, las universidades y centros de investigación regionales deben tener una participación activa, priorizando la calidad de los proyectos y su impacto en dichos territorios, la participación y la viabilidad por sobre indicadores de productividad individuales, que mantienen enfoque centralista y desigualdad de género.

Dos, no puede descartarse la alternativa de fortalecer fondos ya existentes y que muestran una alta desproporción entre proyectos postulados y seleccionados, dejando excelentes iniciativas en calidad de aprobadas pero sin financiamiento, generando frustración en las y los investigadores.

Tres, debe enfatizarse el criterio de paridad en la adjudicación de proyectos, asignación de recursos, apoyo a publicaciones, entre otros.

Cuarto, el FIC-R debe reducir los altos recursos de contraparte que se piden a las universidades y reconocer el aporte en laboratorios, horas de investigadores e insumos diversos. Asimismo, deben constituirse referatos con solvencia académica en la evaluación de los proyectos, facilitando el reconocimiento a estas iniciativas de parte de la Comisión Nacional de Acreditación.

A partir de lo anterior, invitamos a las autoridades a replantear la propuesta de Presupuesto 2022 en CTCI, aumentando dicho fondo en todas sus partidas, considerando la diversidad geográfica, territorial y de género, del desarrollo científico de sus 16 regiones, promoviendo eficazmente la investigación, desarrollo e innovación desde una mirada inclusiva que nos permita avanzar pensando para hoy y mañana en el bienestar y desarrollo sustentable e inclusivo de todo nuestro territorio.

                                                                                                                                                Regiones 29 de octubre 2021



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