15 Nov Patricio Sanhueza V., Presidente AUR y rector UPLA: “Presupuesto nacional 2022: Medidas necesarias”
El presupuesto nacional es la más auténtica expresión de las políticas públicas. El Senado aprobó esta semana el proyecto de ley de Presupuestos 2022, que vuelve a la Cámara de Diputados para un nuevo trámite legislativo. Se incluyó una postergación hasta 2023 de los aranceles regulados, lo que permitirá un examen más profundo de un tema determinante para el futuro de la educación superior.
Dicha postergación evita que se introduzca un nuevo factor perjudicial para las universidades, pero no hace nada para remediar los problemas existentes, a diferencia de otras medidas que habían propuesto las universidades y que aún no son acogidas.
Hay problemas estructurales en el financiamiento de la educación superior que se arrastran desde hace décadas. Esa situación empeoró con la pandemia, que a la vez afectó los ingresos y obligó a aumentar los gastos sin que el Estado hiciera aportes adicionales, ni siquiera a sus propias instituciones.
Las universidades -y especialmente las ubicadas en regiones- hemos propuesto diversas medidas paliativas tendientes a mejorar los déficits presupuestarios actuales. Nuestra voz no ha sido escuchada suficientemente y esto nos mantiene en situación de alerta y gran preocupación.
Sólo por mencionar un ejemplo referido a la gratuidad, preocupa que este beneficio cubra sólo la duración formal de las carreras. Agregar al menos un año adicional a la duración nominal constituiría un cambio necesario y esperable. En general, es difícil que los estudiantes terminen los estudios en el plazo formal. Esto ha empeorado debido a las condiciones impuestas por la pandemia. Actualmente, cada universidad debe asumir el costo adicional de los alumnos que siguen estudiando tras cumplirse la duración nominal de su carrera.
Las autoridades afirman que los recursos para gratuidad aumentan en este presupuesto, sin mencionar que ese alza se debe a que varias universidades privadas han ingresado al sistema, por lo que los nuevos fondos estatales van hacia ellas.
También hemos planteado la necesidad de aumentar los recursos a las universidades regionales para fortalecer la formación, la vinculación, ciencia, la tecnología y la innovación. El propio gobierno, en un resumen global por partidas, reconoce una caída del 1,9 por ciento. El presupuesto para este sector sigue siendo muy precario, esto es, bajo el 0,4 por ciento del PIB, lejos del promedio de la OCDE, de 2,4 por ciento.
Una situación grave que nos afecta es la falta de interés por el desarrollo de las universidades de zonas extremas, el financiamiento de la asignación de zona para dichas instituciones y el bono zonas extremas. Otro tema urgente es el reajuste del sector público. En efecto, el aumento del IPC 2021 llegará a cifras récord y no existe una solución para el personal académico y administrativo de las universidades, lo que pone en tensión la convivencia interna y la equidad de funcionarios que han perdido poder adquisitivo. ¿Cómo se resolverá este problema?
Esperamos que nuestra propuesta de aumentar el Fondo de Educación Superior Regional de 10 mil a 20 mil millones de pesos ayude a paliar algunos efectos de la crisis y a aumentar la colaboración de las universidades al desarrollo territorial. Ayudaría también un fortalecimiento del fondo basal de libre disposición del Aporte Fiscal Directo (AFD).
El debate legislativo sobre el presupuesto está muy avanzado, pero aún confiamos en que los distintos actores que inciden en el presupuesto reconozcan el rol clave de las universidades para el desarrollo del país y de sus regiones.
Fuente: El Mercurio Valparaíso 14.11.2021
https://www.mercuriovalpo.cl/impresa/2021/11/14/full/cuerpo-principal/10/
